Los polígonos de viviendas como escenario para el conflicto Los polígonos de viviendas social fueron escenario y cuna de grandes movilizaciones vecinales que en los años setenta dieron pie al surgimiento del primer sindicalismo barrial, que por primera vez concibió el crecimiento urbano en clave de clase social. Esa naturaleza conflictiva de los grandes barrios de bloques se ha mantenido e incluso renovado en diversos países de Europa en los últimos años, aunque haya cambiado alguna de sus claves desencadenantes. Hay otros casos, pero el ejemplo de las periferias urbanas en Francia en las últimas dos década resulta especialmente elocuente. En ellas, los grandes polígonos de vivienda social edificados en la década de los cincuenta y sesenta son periódicamente escenario de estallidos de aquello que los medios de comunicación tildan de “violencias urbanas”, en que el calificativo “urbano” no es sino “una eufemización de una violencia social vinculada a las relaciones sociales de exclusión” .

 

Se trata de auténticas revueltas protagonizadas por sectores desesperanzados de la población, sobre todo por jóvenes hijos de la antigua clase obrera –lo que es lo mismo en casi todos sitios que decir de la inmigración o las repatriaciones postcoloniales– que se revelan contra la condena a la postración a que se les ha abocado. En estos casos la liquidación del sindicalismo de clase tradicional y su desplazamiento de la fábrica al barrio se ha visto sustituída por una creciente miserabilización de determinados polígonos de viviendas, cuya población se ha visto victimizada por el paro y la precarización laboral o por el desguace generalizado de las políticas sociales de lo que un día fuera o quisiera haber sido el Estado del bienestar; y ello en todas sus variantes: escolarización, atención sanitaria, servicios sociales y, sobre todo, crisis absoluta del alojamiento social.

 

Las periferias urbanas [de la sociedad opulenta] se han vuelto escenarios de estallidos de odio contra las instituciones y su policía, auténticos motines, a veces crónicos, a los que se tilda de violencia urbana y que, como consecuencia de la creciente etnificación de la miseria y la marginación urbana, han podido tomar aspecto de raciales, étnicos o religiosos. Pero no son más que una violencia social vinculada a las relaciones sociales de exclusión que protagonizan los sectores más desesperanzados. Y sobre todo los jóvenes, a los que se les ha escamoteado literalmente el futuro

El tono despiadado que ha tomado la desindustrialización y la revisión liberal del Estado-providencia se ha traducido en un fuerte aumento del malestar, sobre todo entre una masa de jóvenes a los que se les ha escamoteado literalmente el futuro y que han aprovechado la mínima oportunidad para expresar radicalmente su frustración. Es ahora cuando se percibe el peligro de que las grandes concentraciones de viviendas socialmente homogéneas abandone sus reclamaciones explícitamente político-sindicales para desplazarse al campo difuso de una inorganicidad de aspecto anómico, que –al menos tal y como es mediáticamente exhibida– recuerda las revueltas “sin ideas” en la Europa preindustrial o los levantamientos que protagonizan sectores del subproletariado urbano a lo largo del siglo XIX. Se trata ahora de estallidos de odio contra las instituciones y su policía, motines que –como consecuencia de la creciente etnificación de la miseria y la marginación urbanas– han podido tomar eventualmente el aspecto de “raciales”, “étnicos” o –en un último periodo y por la imagen oficial, mediática y popularmente propiciada acerca del Islam– incluso religiosos.

 

Los medios de comunicación pueden entonces mostrar a una nebulosa turba de jóvenes airados, previamente mostrados una y otra vez como asociados a la delincuencia, la drogadicción o al fundamentalismo religioso, abandonarse al pillaje de establecimientos, el incendio masivo de automóviles y a los enfrentamientos con la policía. Los ejemplos son numerosos desde finales de la década de los setenta hasta ahora mismo: en los barrios londinenses de Totteham o Brixton, en octubre de 1985; en Bristol, en octubre de 1992; en el 2001, en Liverpool, en mayo; en Stoke-on-Trent, en julio, y en Oldham –cerca de Manchester–, Brixton de nuevo y Leeds en octubre; en los barrios de Forest y Saint Gilles, en Bruselas, en mayo de 1991, y en el barrio del General Eisenhower, en Amberes, en octubre de 2002. En Francia, esa conflictivización violenta ha devenido crónica y son cíclicos los motines urbanos, algunos de gran virulencia, en una tradición que arrancaría acaso en el motín de Vaulx-en-Velin, un suburbio de Lyon, en 1979 y que iría repitiendo casi de manera regular sus manifestaciones: en el barrio de Les Minguettes, en Vénissieux, cerca la misma ciudad, en el verano de 1981 y luego en 1985; en Reims, en noviembre de 1982; en 1990, en Vaulx; en 1991, en Le Val Fourré, en París; en 1993 y 1997 en Dammarie-lès-Lys, también en París; en Dammarie, en 1997; en Toulouse, en diciembre de 1998 y más tarde en diciembre de 1999, para alcanzar su máxima expresión en la extraordinaria oleada de descontento que conocieron los llabados “barrios dificiles” de casi todas las ciudades francesas –París, Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Rennes, Amiens, Rouen, Niza, Dijon, Perpiñán, Orleans…– a lo largo de varias jornadas en el otoño de 2005 y que sólo se puedo atajar con la declaración del estado de emergencia en todo el país y el toque de queda en diversos de sus barrios (a). El caso francés es bien ilustrativo.

 

Determinadas políticas en materia de vivienda social y de prevención de los alquileres impagados procuraron, a partir de mediados de los años setenta, una progresiva sustitución en los grandes ensembles: una población compuesta por familias de clase obera cualificada o de empleados, que tendió a huir hacia centros urbanos recuperados o a barrios de nueva construcción, fue dando paso a familias pauperizadas, lo que dio pie a su vez a un paulatino cierre de comercios de proximidad, una desatención creciente por parte de la Administración, un aumento en los índices de delincuencia, el asentamiento masivo de familias pobres procedentes de las colonias o de la inmigración –con frecuencia ilegal–, niveles de fracaso escolar y de desempleo muy por encima de la media nacional, sobrerepresentación de jóvenes y de familias numerosas, generalización del consumo de drogas o alcohool, con frecuencia como instrumentos de sociabilidad. Se había producido la sustitución de los antiguos explotados por los nuevos excluidos, a los que, en una sociedad en que se ha decretado el fin de la lucha de clases, se les escamoteaba la dignidad y la legitimidad como trabajadores o, como en Francia, se les desposeía simbólicamente de su condición de ciudadanos para remitirlos al capítulo clasificatorio de immigrantes (cf. Barros, 2005).

 

Las cuestiones centrales se trasladaban así al contraste integración/marginación y la división fundamental ya no era de orden vertical –del tipo explotadores/explotados–, sino horizontal, entre gente dentro y gente fuera, entre grupos y personas in y grupos y personas out, lo que llevaba a formas relativamente nuevas de segregación espacial. Pero hay algo en que no se diferenciaba el papel de los explotados y el de los excluidos a la hora de hacer un uso intensivo del espacio que habitaban, sobre todo cuando se les daba la oportunidad de verse cada día, de estar juntos, de coincidir en el tiempo y en el territorio de su cotidianeidad. Habíamos visto afianzarse en las grandes ciudades dormitorio una fuerte actividad centrada en la apropiación del espacio público más inmediato, por parte de jóvenes para los que en buena medida los centros urbanos aparecían poco menos que vedados.

 

En esos contextos de inmediatez podían organizarse en grupos de afinidad –presentados como “bandas” o “pandillas”– susceptibles de proveer de identidades de referencia y formas lo suficientemente sólidas de organización y congruencia que contrarrestasen la desarticulación social que experimentaban a su alrededor. Películas como La Haine, dirigida Matéu Kassovitz (1994), o Ma 6-T va crack’er, de Jean-François Richet (1997), describen de una forma bien acertada este clima de hostilidad contra el sistema que ha cuajado en numerosas de estas ciudades-dormitorio francesas, feudos que fueron hasta hace no mucho del Partido Comunista y de sus virtudes organizativas. En ambos filmes se describe de forma eficaz cómo la población joven vive su exclusión del centro de ciudades en las que es difícil no sentirse como intrusos indeseables, cómo han de soportar el hostigamiento de una policía que les desprecia y maltrata, al tiempo que hacen un uso exhaustivo e intenso de sus espacios públicos más inmediatos, convertidos en marcos en que practicar formas específicas de sociabilidad de las que pueden obtener fuentes de apoyo mutuo, generar productos culturales propios –la música hip-hop, por ejemplo– sin dejar de tomar conciencia de su potencia para convertir ese mismo escenario de su vida cotidiana en proscenio para la revuelta.

 

Ahí puede apreciarse hasta qué punto los grandes ensembles hacen posible esa puesta en común de estados de ánimo y ese traspaso que convierte la desesperación en rabia contra las instituciones políticas, religiosas, escolares, etc., y contra todo aquello que simbolice la situación de postergamiento que les afecta. Es interesante, en ese sentido, contemplar cómo las grandes discusiones públicas que se plantearon en aquel momento, ante las dimensiones que asumió la revuelta en las banlieues francesas, insistieron en colocar en el centro de los discursos la noción de gueto, como si esta fuera la clave que explicaba qué había sucedido y por qué y como si la solución para los conflictos suscitados no fuera la de mejorar las condiciones de vida de los barrios populares ni siquiera aliviar los motivos de la desolación de los jóvenes, sino evitar a toda costa que esos sectores sociales que se habían mostrado tan vehementemente ofendidos llegaran a vivir concentrados en áreas demasiado circunscritas, propiciadoras del encuentro cotidiano, la coincidencia física, la interacción intensa y constante y, derivado de todo ello, dotadas de viabilidad para desarrollar formas de organización y de acción colectivas.

 

El problema, en efecto, no parecía ser la miseria, sino una acumulación excesiva de miserables por metro cuadrado. En España, el terremoto que supuso la metástasis de lucha social en los cercanos extrarradios urbanos franceses sirvió precisamente para advertir de los peligros que implicaba la posibilidad de que se formaran guetos de inmigrantes, un asunto que ya hacía tiempo que había cobrado protagonismo en las polémicas acerca de qué cabía hacer con los nuevos vecinos de origen extranjero que se iban incorporando al tejido urbano, suscitando necesidades habitacionales crecientes que –se repetía– no podían traducirse en enclaves “étnicamente” homogéneos. El asunto incluso tuvo su réplica en el campo educativo, también en el sentido de la importancia de evitar la formación de guetos o concentración en unos mismos colegios de un exceso de población escolar procedente de “otras culturas”. La retórica empleada al respecto no dejaba de insistir en que se trataba de evitar los efectos más perniciosos de la segregación social, de tal forma que importantes bolsas de población se vieran arrinconadas en espacios poco menos que cerrados, definidos por todo tipo de cargas negativas y que convirtieran a sus “reclusos” en seres privados de un acceso igualitario a los bienes materiales y simbólicos de los que la vida urbana se supone que es garante.

 

La liquidación del sindicalismo de clase tradicional y su desplazamiento de la fábrica al barrio se ha visto sustituida por una creciente miserabilización de determinados
polígonos de viviendas. Es ahora cuando se percibe el peligro de que esas grandes
concentraciones de viviendas socialmente homogéneas abandone sus reclamaciones
explícitamente político-sindicales para desplazarse al campo difuso de una inorganicidad
de aspecto anómico, que –al menos tal y como es mediáticamente exhibida– recuerda a
las revueltas “sin ideas” en la Europa preindustrial

Es difícil defender hoy el moralismo de muchas de las sentencias de aquella escuela, ni un culturalismo que se tomaba prestado de la antropología boasiana, tan teñida de idealismo. Ni que decir tiene que, al menos en términos generales, continúa siendo incontestable lo que apuntaran primero Engels, en su célebre estudio sobre la situación de la vivienda entre la clase obrera inglesa de la época victoriana, y luego, en su senda, David Harvey, acerca de cómo la segregación espacial resulta en última instancia de las dificultades de la población con recursos escasos a acceder al mercado de la vivienda, como consecuencia a su vez de la licitación de ésta desde bases capitalistas. Así pues, nos encontraríamos con un ejemplo más de la necesidad de atemperar los análisis chicaguianos, puesto que no se trata de cuestionar la evidencia de que las personas que habitan zonas residuales y deterioradas lo hagan porque no tienen otra opción, sino que, una vez arrastradas a ellas y encerradas dentro, no hagan de su enclaustramiento forzoso un lugar de y para la resistencia moral, la solidaridad entre iguales y, en determinadas oportunidades, la contestación política.

 

Digamos que el análisis marxista no se equivoca cuando indica determinantes económicos que, en última instancia, arrinconan a ciertos grupos sociales en centros depauperados o periferias desasistidas, pero tampoco los chicaguianos dejaban de tener razón cuando hacían entrar en juego la manera como esa distribución acababa haciendo cristalizar energías y fuerzas que eran “naturales”, en el sentido de que no eran distintas de aquellas otras que, por doquier en el mundo vivo, articulaban las diferentes formas de existir a sus contextos espaciales en forma de todo tipo de competencias, agenciamientos y simbiosis, en las que la autororganización ocupaba un papel fundamental. De esa manera, la eficacia funcional del gueto –dejando de lado cuáles habían sido los factores que lo hubieran generado– consistía en su idoneidad para la solidaridad y las iniciativas colectivas. Sin entrar en la dilatada discusión teórica a propósito de las definiciones que se le han asignado, lo cierto es que el gueto ha visto aumentada su mala reputación, sistemáticamente asociado en sus representaciones al desorden, a la marginación, a la desviación, al vicio, al delito, etcétera, como si de una colosal concentración de anomia y detritus morales se tratara.

 

Frente a esas imágenes –repetidas una y otra vez desde los discursos oficiales– el gran argumento en contra del gueto es la nunca del todo ni justificada ni demostrada virtud de la mezcolanza. La premisa teórica es que “el antídoto contra la segregación urbana y la exclusión social es favorecer, mediante la intervención pública, la mezcla social sobre el territorio, la convivencia y la interacción en los espacios urbanos de diversos grupos sociales (sobre todo por recursos económicos, pero también por religión, por características étnicas)”. Como se ve, se supone que intercalar clases y grupos étnicos tiene efectos beneficiosos que, por otra parte, nunca han visto comprobada su presunta bondad en orden a otra cosa que no sea sosegar, por la vía de la disolución, la tendencia que los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen a devenir fuente de intranquilidad para las clases política y económicamente hegemónicas. Viviendo unos al lado del otro y encontrándose cada día por la calle, a la puerta de los colegios, en las plazas, en los comercios, en los bares, los segmentos socialmente desiguales y con frecuencia con intereses incompatibles, van a renunciar a plantear contenciosos y se van a fundir en un abrazo ciudadano inmenso y omniabarcativo, en que se concretaría la utopía al mismo tiempo urbanística y política de una superación de los antagonismos sociales por la vía de la asunción de los valores abstractos basados en el consenso y la conciencia ciudadana. Que el elogio oficial de la mixtura camufla objetivos bien poco altruistas es algo que delata una mínima observación sobre lo que ocurre en su aplicación.

 

Las grandes discusiones públicas ante la revuelta en las ‘banlieues’ francesas colocaron en el centro la noción de gueto, como si la solución no fuera la mejora de las condiciones de vida de los barrios populares, ni siquiera aliviar los motivos de la desolación de los jóvenes, sino evitar a toda costa que esos sectores sociales llegaran a vivir concentrados en áreas demasiado circunscritas, propiciadoras del encuentro cotidiano, de la interacción intensa y, por todo ello, dotadas de viabilidad para desarrollar formas de organización y acción colectivas. El problema no parecía ser la miseria, sino una acumulación excesiva de miserables por metro cuadrado

En Francia, las acciones públicas a favor de la mezcla social han implicado dispositivos de gestión en la asignación de viviendas sociales basados en formas sutilísimas de control y discriminación institucional que acaban afectando a los hogares más pobres. En una última etapa, a esas cualidades casi místicas de la copresencia armoniosa entre clases, en un escenario urbano predispuesto para la reconciliación, se le añade el atractivo que para las clases medias más “sensibilizadas” supone una dosis controlada y relativa de “diversidad étnica” –una forma nueva de referirse al reencuentro en un mismo espacio físico con los pobres– que procura una cierta estampa de multiculturalismo y cosmopolitismo, referente puramente estético destinado a atender las demandas en materia de convivencia entre culturas que reclaman esos sectores sociales interesados en las dinámicas de gentrificación, es decir en la reocupación por clases medias y altas de centros urbanos rehabilitados, en los que se espera que pulule una cantidad aceptable de inmigrantes que garanticen el nuevo colorido local, el nuevo tipismo pluriétnico.

 

 

Casos paradigmáticos de ello serían los de los barrios del Raval en Barcelona o Lavapiés en Madrid, festines inmobiliarios en los que el multiculturalismo escénico actúa como gancho para inversores, nuevos propietarios o incluso inquilinos jóvenes o extranjeros que quieran garantizarse periódicas inmersiones –unos meses, un fin de semana– en ambientes multiétnicos e incluso ligeramente canallas. También se busca esa superposición de funciones en los propios barrios de bloques, como si la colonización por parte de habitantes y actividades no marginales se constituyera en un factor de redención de lo que hasta hacia poco habían sido focos de marginación y conflictividad. Ése es el caso de proyectos de remodelación como los del propio barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) –junto con Villaverde, en Madrid; El Puche, en Almería; el Polígono Sur, en Sevilla; Orriols, en Valencia; o San Francisco, en Bilbao, unos de los ejemplos más recurrentemente citado de gueto en el Estado español-, para el que se prevé una transformación que coloque precisamente la diversidad en el eje de sus objetivos, en orden a ver cumplida la utopía del reencuentro final entre integrados y marginales, siempre como parte de una máquina de guerra que entiende el gueto como el mal a combatir por todos los medios: “El principio de diversidad toma en la ciudad el mayor valor y debe garantizar la mayor riqueza de relaciones entre sus componentes. Diversidad que debe darse en todos los niveles sociales, en la composición de las personas y de los vecinos; física, en la definición de los espacios, arquitecturas y tipologías de viviendas, y económica, en la diversificación de las actividades”. Recuérdese que la actual fobia al gueto arranca en buena medida de los mencionados ciclos de revueltas en la periferia francesa, en concreto a partir de los disturbios del barrio de Les Minguettes, en Lyon, en junio de 1991, que dieron pie a una ley explícitamente antigueto que aspiraba a lograr una diversificación social en los espacios metropolitanos y evitar la aglomeración de miseria y conflictividad.

 

Desde entonces los argumentos contra la formación de guetos no han hecho sino insistir en todos sitios contra la indeseabilidad de cualquier tipo de iniciativa en materia urbanística que implicase la concentración de desfavorecidos. En Francia, las políticas antigueto impulsadas desde la izquierda –el Partido Comunista en los grandes ensembles de los antiguos cinturones rojos– se han basado en el supuesto reaccionario de que la causa del deterioro de los barrios obreros no se debía a los procesos de precarizaciòn laboral y a la desarticulación del Estado del bienestar, sino a la concentración espacial de pobres e inmigrantes. En España, la amenaza constantemente subrayada como sobremanera indeseable de que aparezcan guetos es el argumento perfecto para abortar cualquier intento de generar vivienda social, puesto que se da por descontado que esa vivienda de alquiler o venta accesibles –que, dadas las dimensiones del problema de la vivienda, implicaría seguramente el regreso a algo que acabaría evocando la antigua la política de barrios de bloques– será rápidamente copada por las capas sociales más desfavorecidas, fundamentalmente personas procedentes de la inmigración o familias adscritas a “minorías étnicas” empobrecidas o marginales.

 

De ahí, también, que se enfatice que las pocas promociones de vivienda social se destinan a jóvenes, como una forma de tranquiizar acerca del futuro que aguarda a las zonas donde se ejecuten ese tipo de iniciativas. Gueto y prisión La noción de gueto es polémica. Se aceptaría como definición adecuada, aunque fuera a título provisional, que sirve para nombrar “un reagrupamiento espacial que asocia estrechamente poblaciones desfavorecidas a territorios circunscritos. En efecto, a pesar de la confusión conceptual que arrastra y los avatares históricos de su empleo, el término gueto se usa esencialmente para hacer referencia a la acumulación en un determinado enclave de familias singularizadas por las dificultades con que se enfrentan en su integración económica, laboral, escolar, etc.

 

Como se ha remarcado, todo lo que se escribe o se dice al respecto del gueto siempre acaba sugiriendo que si esas personas postergadas no vivieran juntas sus problemas quedarían solucionados, o cuanto menos aliviados, cosa que el sentido común tendería a descartar. En realidad, apenas si se disimula que la concentración de excluidos no es un problema para los excluidos, sino para lo excluidores. En otras palabras, que la lucha contra la segregación espacial de los inmigrantes –o de cualquier otro sector potencialmente problemático por la tendencia que en cualquier momento puede mostrar a defenderse de los abusos que le afectan– lo es no tanto contra su marginación espacial, sino contra la posibilidad de que esos seres humanos agraviados se agrupen, reconozcan que comparten intereses y objetivos y tomen conciencia de su fuerza y de su capacidad de desplegarla. El tiempo acaso ha sido injusto con los aportes de la Escuela de Chicago, aquel núcleo de sociólogos que sintieron la necesidad de aplicar una mirada de inequívoca extracción etnográfica sobre la complejidad urbana. Denigrados por su darwinismo social, convertidos en teóricos del liberalismo individualista en materia de ciudad, no se ha apreciado hasta qué punto muchas de sus intuiciones estaban cargadas de sensitividad hacia lo específico del fenómeno citadino y hacia sus cualidades autoorganizativas. Sus perspectivas sobre el gueto, formalizadas en el clásico de Louis Wirth, The Ghetto, publicado en 1927, tuvieron el mérito de percibir como la concentración en un mismo espacio, incluso la autosegregación, constituían una ventaja para los no-asimilados –por emplear el término que proponía el propio Wirth– , que encontraban en la proximidad física continuada un soporte fundamental para aquellas redes de ayuda mutua que les permitían sobrevivir en un universo social –el urbano, entendido como modo de vida– que prescindía de ellos o les era hostil.

 

Frente a la mala reputación aumentada del gueto, décadas atrás factor de solidaridad e iniciativas colectivas, la solución surgida es la mezcolanza, la idea de que intercalar [en la trama urbana] clases y grupos tiene efectos beneficiosos de integración social. Es una bondad nunca comprobada salvo para disolver la tendencia de los desfavorecidos a constituirse en fuente de intranquilidad para las clases hegemónicas. Y coincide con el interés de las clases medias y altas de recuperar centros urbanos rehabilitados en los que, como Lavapiés en Madrid o el Raval en Barcelona, una “diversidad étnica” escénica actúa como gancho inverso

Es difícil defender hoy el moralismo de muchas de las sentencias de aquella escuela, ni un culturalismo que se tomaba prestado de la antropología boasiana, tan teñida de idealismo. Ni que decir tiene que, al menos en términos generales, continúa siendo incontestable lo que apuntaran primero Engels, en su célebre estudio sobre la situación de la vivienda entre la clase obrera inglesa de la época victoriana, y luego, en su senda, David Harvey, acerca de cómo la segregación espacial resulta en última instancia de las dificultades de la población con recursos escasos a acceder al mercado de la vivienda, como consecuencia a su vez de la licitación de ésta desde bases capitalistas. Así pues, nos encontraríamos con un ejemplo más de la necesidad de atemperar los análisis chicaguianos, puesto que no se trata de cuestionar la evidencia de que las personas que habitan zonas residuales y deterioradas lo hagan porque no tienen otra opción, sino que, una vez arrastradas a ellas y encerradas dentro, no hagan de su enclaustramiento forzoso un lugar de y para la resistencia moral, la solidaridad entre iguales y, en determinadas oportunidades, la contestación política.

 

Digamos que el análisis marxista no se equivoca cuando indica determinantes económicos que, en última instancia, arrinconan a ciertos grupos sociales en centros depauperados o periferias desasistidas, pero tampoco los chicaguianos dejaban de tener razón cuando hacían entrar en juego la manera como esa distribución acababa haciendo cristalizar energías y fuerzas que eran “naturales”, en el sentido de que no eran distintas de aquellas otras que, por doquier en el mundo vivo, articulaban las diferentes formas de existir a sus contextos espaciales en forma de todo tipo de competencias, agenciamientos y simbiosis, en las que la autororganización ocupaba un papel fundamental.De esa manera, la eficacia funcional del gueto –dejando de lado cuáles habían sido los factores que lo hubieran generado– consistía en su idoneidad para la solidaridad y las iniciativas colectivas. Y es que en todo proyecto urbanístico siempre hay mucho más que una mera intención ordenadora que emplea para sus fines determinadas composiciones formales.

 

Las políticas presidiarias están siendo hoy una continuación natural de las políticas de guetización de la miseria urbana. Y la cárcel es de algún modo una continuación natural del gueto, como simbiosis estructural y sustituto funcional. Tanto el gueto como la cárcel se conforman en instituciones de encierro forzoso. El gueto es una especie de prisión social, al decir de Loïc Wacquant, mientras que la prisión funciona como gueto jurídico, ambos
con la misión “confinar a una población estigmatizada para neutralizar la amenaza material y/o simbólica” que esa población representa

Existe, tras de cada iniciativa en materia urbanizadora, una doctrina relativa a lo que se quiere que suceda o que no suceda en ella, a qué tipo de acontecimientos se pretende propiciar o evitar a toda costa. En ese orden de cosas, la hipótesis según la cual las dificultades a la hora de controlar políticamente y policialmente los barrios populares de bloques fue una de las razones que determinaron su abandono como tipología es plausible. Ahora bien, lo que debería estar claro es que entre estos factores que, incluyendo aquél o no, provocaron el declive de los barrios populares de bloques no figura el de la solución definitiva de los problemas de acomodo de los más desfavorecidos que justificaron su generalización. Las detestables y detestadas ciudades-dormitorio de los sesenta resultaron de una intervención pública que ensayó soluciones al cada vez más acuciante problema de la vivienda, un problema que hasta entonces había sido aliviado a través de la igualmente detestable alternativa de la autoconstrucción en agrupaciones chabolistas. No se discute que tanto una solución como la otra fueron indeseables y es difícil justificar un elogio tanto de la infravivienda barraquista cómo de la construcción casi fraudulenta de bloques en pésimas condiciones.

 

 

Ahora bien, eran ciertamente soluciones, y soluciones a un problema que no ha dejado nunca de existir, si es que en ciertos sentidos no se ha agudizado con la persistencia de una demanda que continúa bien activa: la de los jóvenes que quieren constituir nuevos hogares, la de las personas mayores y los empobrecidos en general que sólo pueden pagar alquileres muy bajos y, una vez más, como siempre, la procedente de una inmigración hacia las grandes ciudades de capitalismo avanzado que se ha vuelto a intensificar por las demandas de los nuevos ciclos económicos. El caso de las dinámicas migratorias que atraen a los núcleos urbanos a individuos y familias destinados a alimentar el mercado laboral es elocuente. Ese mismo tipo de población procedente del exterior que en fases anteriores se había asentado en barrios de autoconstrucción y luego en los grandes barrios de bloques en las periferias urbanas, se ve hoy condenada a vivir en unas crecientes condiciones de clandestinidad, no sólo jurídica y laboral, sino también habitacional. Sin ningún tipo de previsión de vivienda social para ellos, se les obliga a dispersarse por la trama urbana en busca de la escasa oferta de vivienda asequible para ellos.

 

La situación en el Estado español no es menos desoladora por lo que hace a políticas de vivienda social poco menos que inexistentes. Los núcleos de bloques que sirvieron en su día para realojar a los chabolistas han heredado su estigma y continúan siendo un foco de miseria y marginación que los planes de rehabilitación de seguro que ni siquiera lograrán aliviar. Barcelona. Ya hemos visto que el proceso que, partir de los años setenta, lleva a una recuperación capitalista de los centros urbanos, rehabilitados para convertirlos en polo de atracción para clases medias y altas dispuestas a reinstalarse en cascos viejos vendidos como cargados de valores históricos y sentimentales, ha conllevado políticas masivas de desalojo de antiguos inquilinos, muchas veces mediante el hostigamiento y la coerción. Los barrios de bloques ocupados por la antigua clase obrera defienden las prerrogativas conseguidas mediante la movilización y con frecuencia se blindan ante nuevos vecinos que puedan alterar la ya de por si precaria estabilidad social obtenida, con frecuencia concretada en viviendas de propiedad que han resultado de lo que fuera la política franquista de “un operario, un propietario”. En tal marco, las oleadas de inmigrantes que llegan convocados por las demandas de mano de obra informal acaban encontrando viviendas igualmente informales, auténticos sumideros en zonas depauperadas, hacinándose en pisos ruinosos –por los que pagan alquileres abusivos–, aprovechando pensiones ilegales, realquilando habitáculos a veces insólitos –balcones, patios interiores, camas calientes, apartamentos rotatorios…– u ocupando fincas rurales abandonadas.Los jóvenes precarizados tienen pocas posibilidades de adquirir un piso a precio de mercado y sin posibilidad de encontrar algo asequible en un mercado de alquiler prácticamente inexistente, pero, si existe algún amago de iniciativa inmobiliaria de protección oficial, se cuida enseguida de advertir que sus destinatarios serán justamente compradores o inquilinos jóvenes, cuya pobreza se entiende que es provisional y superable, en contextos en que no se contempla la posibilidad de que alguien pueda pertenecer o acabar perteneciendo a algo que no sea una abstracta clase media universal.

 

Toda iniciativa en materia de alojamiento social masivo es rápidamente tildada de promotora de guetos y cuestionada. No es cuestión de insistir más en las dimensiones del problema de la vivienda en Europa y en España en particular, pero sí que la alternativa a las viejas políticas de construcción social no ha sido nuevas políticas de construcción social, sino la dimisión de entender la vivienda como un servicio público y la renuncia casi absoluta a plantearse la cuestión de su inaccesibilidad para una buena parte de la población. Es más, parece que la situación se invierte. Si en los sesenta y setenta se pudo ser testigo de expropiaciones masivas de suelo privado por parte de la Administración, ahora son los Ayuntamientos los que se dejan expropiar por las inmobiliarias, en la medida en que han descubierto que poner terrenos públicos al servicio de la promoción privada y la especulación constituye una de sus grandes fuentes de recursos, sino la más importante. El resultado final: un marco definido por la casi desaparición de la vivienda protegida y de promoción pública, una oferta de alquileres cada vez más escasa y más cara y aun la desaparición de las pensiones baratas en los centros urbanos deteriorados, que eran el último recurso de las personas en situación más precaria.

 

Pero si acaso la preocupación por la vivienda social se recuperara y se retomara el papel central de la gestión pública en el crecimiento urbano, está claro que no se traduciría en una revitalización de lo que fueron las políticas de grandes conjuntos residenciales para las clases populares, ni la tipología de los desprestigiados polígonos de viviendas. Y es probable que en el descarte de este tipo de opción figure el fracaso de este formato urbanístico en orden a purgar la vida urbana de su crónica tendencia al conflicto y su predisposición a ser justamente lo contrario de lo que se preveía que fueran, es decir núcleos desde los cuales los poderosos recibieran noticia de la consubstancial condición ingobernable de las ciudades.De ahí el pánico ante la constitución de lo que el imaginario social y oficial llaman “guetos”. Por citar los ejemplos más recientes del protagonismo de lo que en la práctica funciona como un espantajo recordemos a Oriol Nel·lo, a la sazón secretario general de Planificación de la Generalitat de Catalunya, presentando en marzo de 2006 el Plan Territorial para Cataluña y estableciendo en su discurso que los planes urbanísticos deben evitar a toda costa “la formación de guetos” (El País, 31 de marzo de 2006). En la presentación de los planes de rehabilitación del Carmel, a principios de 2006, también se planteó la urgencia de difuminar los efectos negativos de una presencia excesiva de inmigrantes, justo para “evitar la formación de guetos” (El País, 26 de enero de 2006). Incidentes violentos en Neuhof, suburbio de Estrasburgo, en 2005.

 

Desde su toma de posesión, el nuevo alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, se planteó como prioridad precisamente las políticas que impidieran la constitución de guetos, uno de los factores que –como explicitó en primera conferencia-balance anual– más directamente amenaza “el concepto de ciudadanía” (El Periódico de Catalunya, 10 de enero de 2007). Como ha insistido en señalar Mikel Aramburu, la prevención contra la eventual instauración de guetos está sirviendo hoy por hoy como uno de los principales argumentos para limitar la construcción de vivienda social en Cataluña. No hay plan urbanístico que no se plantée como objetivo “evitar la formación del guetos”, objetivo para el que se propone y se dispone una inyección de actuaciones de todo tipo que animen lo que se da en llamar “diversificación social” y que, como se apuntaba al principio, tomando como referencia la Ley de Barrios vigente en Catalunya, lo que se busca –o al menos se obtiene– no es sino una gentrificación disimulada, es decir el asentamiento o cuanto menos la asiduidad de clases medias en la zona.

 

Por descontando, y como acertadamente señalaba Horacio Capel en su análisis del “modelo Barcelona”, esas políticas nunca afectan a barrios que ya eran de clase media o alta, en los que a ningún urbanista oficial se le ocurre animar a instalarse a familias pobres o marginales para asegurar la supuestamente deseada “heterogeneidad social”. En diciembre de 1985 se inicia en España –bajo los auspicios de Enrique Múgica como ministro de Justicia y previo pacto entre los diversos partidos políticos autodenominados democráticos– una política carcelaria consistente en distribuir los prisioneros de ETA en diversos presidios a lo largo y ancho del Estado. Esa iniciativa –conocida como “política de dispersión de presos”– fue luego recurrentemente cuestionada, incluso por algunos de los partidos que inicialmente le habían dado apoyo. La función de esa orientación en política penitenciaria fue –así se explicitó– asegurarse que los presos de ETA nunca aparecerían reunidos en un centro en la suficiente cantidad y capacidad de contacto como para que su agrupación física se tradujera en desobediencia organizada. No deja de ser significativo que un autor como Loïc Wacquant –fuente de reflexión teórica tanto para la cuestión del gueto como para las políticas de represión y castigo de la pobreza que aparecen encubiertas bajo el epígrafe de “lucha contra el delito”– haya sido quien haya advertido que las políticas presidiarias están siendo por doquier una continuación natural de las políticas de guetización de la miseria urbana y que la cárcel es de algún modo hoy una continuación natural del gueto, del que supondría una simbiosis estructural y un sustituto funcional.

 

Tanto el gueto como la cárcel se conforman en instituciones de encierro forzoso: “El gueto es una especie de ‘prisión social’, mientras que la prisión funciona como ‘gueto jurídico’. Ambos tienen como misión confinar a una población estigmatizada con el fin de neutralizar la amenaza material y/o simbólica que esa población plantea para la sociedad de la que, por decirlo así, ha sido extirpada.” En ese orden de cosas, no es de extrañar que haya habido quien concibiera que ni siquiera el sistema carcelario debería tolerar que la concentración de presos cuya homogeneidad fuera más allá de su condición de encerrados acabará traduciéndose en capacidad de contestación organizada a su situación.