Durante las últimas dos décadas Brasil ha estado construyendo un Estado de bienestar basado en los principios de extensión de los derechos sociales a todos los ciudadanos a través de políticas sociales universales, un principio consagrado en el concepto de Seguridad Social (SS) de la Constitución Federal de 1988. Esto ha representado la ruptura con el anterior modelo de protección social existente, que se basaba en un seguro social estratificado de trabajadores formales y caridad o algún tipo de beneficios para los pobres, quienes se encontraban excluidos de otro sistema. La lucha por un nuevo modelo de protección social global tuvo un componente original de movilización social en favor de la extensión de los derechos sociales como parte de la transición hacia un proceso democrático.

 

La singularidad de contar con un proyecto de política social diseñado por movimientos sociales y su fuerte asociación con la transformación del Estado y la sociedad en una democracia, ha añadido algunas características importantes al Estado de bienestar en Brasil. Estas características excepcionales son la combinación de una red de servicios altamente descentralizada y organizada jerárquicamente, con un proceso de toma de decisiones que incorpora escenarios de actividad federativa o participativa. La existencia de esferas políticas de negociación e instrumentos para lograr el consenso han sido innovaciones importantes en las relaciones intergubernamentales y en las relaciones entre el Estado y los actores sociales. La mayoría de los estudios sobre el Estado de bienestar han obtenido sus conclusiones a partir de la comparación de experiencias en Europa y América del Norte. Esta bibliografía ha señalado algunas condiciones asociadas al surgimiento y a la consolidación del Estado de bienestar. Algunos estudios han demostrado las características de los modelos de protección social que han prevalecido en países latinoamericanos durante el pasado siglo.

 

Otros han mostrado cómo se han reformado estos modelos durante el último cuarto de siglo engendrando nuevos modelos de políticas sociales. La continuidad de los viejos modelos y los nuevos se debe a la persistencia, hasta un cierto grado, de las principales características de las políticas de protección social en la región, es decir, a la inclusión estratificada a través de sistemas sociales centralizados asociada con la exclusión de una parte de la población. La pobreza y la desigualdad son el resultado de un sistema social que está lejos de ser un mecanismo de distribución, y que realmente acaba siendo un instrumento de desigualdad. La importancia de estudiar la experiencia brasileña para la construcción de un Estado de bienestar igualitario no solo consiste en observar el impacto de la dependencia de la trayectoria recorrida por el anterior modelo institucional de protección social, sino también en tener en cuenta la ausencia de los requisitos más importantes, señalados en estudios del Estado de bienestar, como parte de las experiencias con resultados satisfactorios.

 

Este artículo revisa material publicado sobre el Estado de bienestar y lo compara con la experiencia brasileña, con el objeto de destacar precisamente esta discrepancia. Muestra que el arte de gobernar en el marco institucional de las políticas sociales se produjo durante los años noventa y tuvo que hacer frente a las terribles limitaciones de las restricciones económicas. La resistencia de los actores sociales frente al desmantelamiento del proyecto del Estado de bienestar no fue lo suficientemente fuerte como para evitar cambios importantes, aunque se mantuvieron las prescripciones constitucionales. Y lo que es más, importantes grupos de intereses y actores sociales se agruparon entorno a políticas sociales de una forma que impedía la integración planeada y que ha sido la responsable de la disgregación de los componentes de la unidad de la Seguridad Social. Tal y como demuestra el análisis de la forma en que las restricciones económicas han impactado en la construcción del Estado de bienestar, así como el estudio de los procesos institucionales, la ausencia de requisitos importantes para la construcción con éxito de un Estado de bienestar en el contexto brasileño ha dado lugar a la aparición de un Estado de bienestar oculto.

 

Teoría sobre el Estado de bienestar y la experiencia latinoamericana

 

Si partimos de la tipología de Richard Titmuss sobre el concepto clásico de Estado de bienestar, podemos encontrar una confluencia de criterios que engloban las relaciones entre los mercados y el sector público y el grado de redistribución a través de las políticas de protección social. Combinando estas dos dimensiones, pudo diferenciar entre tres modelos bien conocidos de políticas sociales: el modelo residual, el modelo remunerativo (o «de éxito industrial») y el modelo institucional redistributivo. Mientras que el primero está condicionado por las dinámicas del mercado y es menos redistributivo, el segundo modelo es restrictivo y está condicionado por la posición del trabajador en el mercado, mientras que el tercero y último está organizado como un sistema público de cobertura universal. En este último caso podemos encontrar la situación más institucionalizada, inclusiva y redistributiva.

 

Esta tipología se basa en la extensión de los derechos sociales y en el doble movimiento de expansión de las estructuras y políticas del Estado por un lado y, por otro lado, en la redistribución de los recursos de acuerdo a las necesidades. Thomas H. Marshall enfatiza el papel clave de los ciudadanos en el bienestar, pero al mismo tiempo sigue el mismo patrón en su artículo clásico sobre las clases sociales y los ciudadanos, en el que identifica tres clases de derechos como componentes de la ciudadanía: civiles, políticos y sociales; cada uno de ellos con su propia trayectoria y estructura institucional. En cambio Gosta Esping-Andersen arrojó una nueva luz sobre los derechos sociales que se reconceptualizaron en términos de su capacidad para la «desmercantilización», es decir, el grado en que los individuos o familias pueden sostener un estándar de vida socialmente aceptable, independientemente de la participación en el mercado.

 

Comprendió el papel del Estado de bienestar, en lo que a estratificación social se refiere, como un proceso con dos componentes: por un lado, el Estado de bienestar se identifica con las políticas de mejora social y redistribución de la riqueza que corrigen desigualdades, pero por otro lado, la estratificación social es una consecuencia del Estado de bienestar, porque la estratificación social debe su forma al nexo entre el Estado y el mercado en el sistema de distribución. También resalta la importancia de la institucionalización cuando analiza las consecuencias de la crisis del Estado de bienestar en tres sistemas diferentes: el sistema de Estado social liberal; el sistema de Estado corporativista y el sistema democrático social. Y concluye con lo siguiente: los mecanismos políticos e institucionales de representación de intereses y creación de consenso, sobre todo en los planes social-democráticos, tienen un fuerte impacto en el empleo y la conservación de los derechos sociales. En estas circunstancias, el Estado de bienestar, considerado como una articulación exclusiva de los conflictos distributivos, sobre todo los conflictos entre la lógica del mercado y los principios de asignación política, se centra en los planes institucionales de las políticas sociales de cada sociedad.

 

Pero la conclusión de Harold Wilensky es que el Estado de bienestar es la tendencia estructural más constante en el desarrollo de sociedades, a pesar de las diferencias entre los regímenes ideológicos y políticos asociados al desarrollo económico y al proceso de modernización social. A diferencia de esta perspectiva histórica, otros autores han destacado los determinantes de los sistemas universales de protección social. Se considera como punto de partida el proceso de industrialización y el surgimiento del problema de la inseguridad. La ruptura de los lazos de solidaridad comunitaria tradicional y su sustitución por una organización de clases e identidades, así como el desarrollo de administraciones públicas y estructuras administrativas, se considera el origen subyacente del desarrollo del Estado de bienestar. Sin embargo, la misma demanda de protección social ha recibido diferentes respuestas en función del entorno institucional, político y económico anterior. Peter Flora y Jens Alber identifican la aparición de un modelo universal de protección social como una dependencia de la fuerza de una clase trabajadora homogénea y de sus aliados en la lucha por los derechos sociales, así como de la capacidad de cada sociedad de institucionalizar este conflicto por medio de procedimientos democráticos.

 

El Estado de bienestar y el sistema competitivo de partidos políticos son vistos con frecuencia por Claus Offe como las características principales para promover la coexistencia de capitalismo y democracia en este ciclo virtuoso, ya que dan lugar a una mercantilización de la política y una politización de la economía privada. Al final de este ciclo ambos se consideraban obstáculos inflexibles para la renovación de la economía capitalista. En este sentido, el Estado de bienestar es responsable de forjar nuevos lazos en sociedades complejas y también de crear un nuevo patrón institucional para la resolución de conflictos redistributivos, con lo que lanzaría las bases para la cohesión e integración sociales. El estudio de Robert Castel sobre los vínculos fundamentales en una sociedad basada en el trabajo también se centra en el tema de la integración social a través de la protección del Estado de bienestar.

 

En los últimos tiempos la pérdida de vínculos de conexión ha sido la responsable de las crisis de sociabilidad, el aumento de la inseguridad, el brote del individualismo negativo y el predominio de políticas de inserción social. En mis trabajos anteriores he considerado la existencia de un grupo de variables –desde ideológicas, políticas e institucionales hasta directivas y financieras– que podrían caracterizar tres modelos de protección social diferentes, más concretamente: asistencia social, seguro social y seguridad social. Estos modelos son muy parecidos a otras tipologías, aunque llaman la atención sobre dos temas importantes.

 

Cada modelo de protección social da forma a distintas modalidades de ciudadanía: todas ellas son compatibles con los sistemas democráticos, pero diferentes en términos de capacidad de creación de una esfera pública más igualitaria

En primer lugar, destaco la necesidad de considerar la constelación de variables agrupadas en cada modelo de una forma muy amplia; con el objeto de abarcar desde los grupos ideológicos y políticos tradicionales hasta la identificación de variables de actuación y directivas que se producen estrechamente. He encontrado una fuerte relación entre la variable política y la estructura administrativa y financiera que se engloban en el mismo modelo. En segundo lugar, he establecido conexiones entre los modelos de protección social y el Estado de ciudadanía resultante.

 

Esta contribución añade un nuevo elemento sobre cómo pensamos acerca de las relaciones entre democracia y Estado de bienestar, lejos de la mera institucionalización de los derechos sociales y los partidos políticos competitivos. La cuestión aquí es comprender las consecuencias de cada modelo de protección social a la hora de dar forma a distintas modalidades de ciudadanía; todas ellas compatibles con los sistemas democráticos, pero diferentes en términos de capacidad de creación de una esfera pública más igualitaria. Los diferentes modelos de protección social se pueden resumir de la siguiente forma: En el modelo de asistencia social las acciones tienen un carácter de emergencia y están dirigidas a los grupos de pobres más vulnerables. Inspiradas en una perspectiva de caridad y reeducación, se organizan basándose en la asociación de trabajo de voluntariado y políticas públicas, y se estructuran de forma desintegrada y discontinua, a pesar de que las organizaciones y programas generados con frecuencia se superponen.

 

Aunque permiten el acceso a ciertos bienes y servicios, no crean una relación de derechos sociales, ya que se trata de medidas compensatorias que tienen un efecto estigmatizante. Por esta razón, llamo a este tipo de relación ciudadanía invertida, donde el individuo tiene que demostrar que él o ella ha fallado en el mercado para poder ser objeto de protección social. En el modelo de seguridad social, la protección social de los grupos ocupacionales establece una relación de derechos contractuales donde los beneficios dependen de cotizaciones pasadas y de la afiliación de los individuos a estas categorías ocupacionales que se han autorizado para el funcionamiento del seguro social. La organización extremadamente fragmentada del seguro social expresa la concepción de beneficios como privilegios diferentes para cada categoría, como el resultado de su capacidad para presionar al gobierno.

 

Dado que los derechos sociales dependen de la inserción de los individuos en la estructura productiva, Wanderley G. Santos llama a la relación, regulada por las condiciones laborales, ciudadanía regulada. En el modelo de seguridad social hay un intento de romper con las nociones de cobertura restringida a sectores insertados en el mercado formal y de reducir la conexión entre contribuciones y benefi ios, y de este modo generar mecanismos más compasivos y redistributivos. Los beneficios empiezan a concederse basándose en las necesidades, basándose en los principios de justicia social que exigen que las coberturas se extiendan universalmente y se integren en las estructuras gubernamentales. En este último caso, la protección social genera derechos sociales que se incluyen en el estado de ciudadanía universal. En resumen: se ha asociado el desarrollo del Estado social con un despliegue de elementos relacionados con el progreso de la economía capitalista, así como con la transformación de sociedades como consecuencia de un proceso de urbanización e industrialización que ha impuesto una nueva división del trabajo, y ha conducido a unas relaciones sociales más complejas. El Estado de bienestar también forma parte del proceso de creación del Estado, y esta expansión es un componente de la democratización del poder y la sanidad en una sociedad de masas con el surgimiento de nuevos actores colectivos y nuevas organizaciones políticas.

 

El Estado de bienestar se considera un nuevo plan para llegar al consenso y trasladar los conflictos al escenario político redistributivo, donde se puede negociar una solución. Los diferentes modelos de protección social se han identificado teniendo en cuenta si su objetivo principal de inclusión se centraba en los pobres y otros grupos vulnerables, las fracciones de la fuerza laboral, o los ciudadanos. La inclusión de los derechos sociales como parte del estatus de ciudadanía representa la solución más paradójica al conflicto de distribución en una economía de clases, considerando que ha generado una esfera pública no subordinada principalmente al proceso de acumulación, un mecanismo de antivalor.

 

Sin embargo, ha contribuido a la creación de una sociedad más cohesiva, basada en los principios sociales de solidaridad, donde la inclusión social se ha extendido. Durante la crisis de la economía capitalista desde los años setenta, se acusó a los mecanismos institucionales de protección social de impedir la renovación de las relaciones productivas con la intención de incrementar la competitividad y la productividad. Estudios comparativos sobre el desarrollo de la protección social en América Latina han agrupado a los países de acuerdo a diferentes criterios. Carmelo Mesa-Lago, que ha estudiado los sistemas de jubilación y de pensiones, adopta el momento de introducción de las políticas sociales como el principal factor explicativo que permite agrupar a los países de la zona. Teniendo en cuenta la introducción del sistema de protección social, los clasifica en países pioneros, intermedios y tardíos.

 

Los países pioneros son los que iniciaron las políticas de bienestar social a principios del siglo XX como parte del proceso de industrialización, respondiendo a la presión de grupos de interés en defensa de la protección laboral. A diferencia del grupo intermedio de países, que comenzaron las medidas de protección social alrededor de mediados de siglo, influenciados por la avalancha internacional de sistemas democráticos que se extendió por Europa. Los países tardíos por su parte, iniciaron solo algunas políticas en los años setenta y presentan una cobertura pobre de grupos privilegiados. Aunque la trayectoria histórica es importante porque puede indicar el grado de madurez logrado por un sistema de pensiones, así como proporcionar consejos sobre su cobertura, no es suficiente para clasificar a todos los países. Además de los tres grupos mencionados anteriormente, solo el grupo de los pioneros puede considerarse consistente desde un punto de vista sociológico, ya que este grupo de países se encuentra englobado dentro de un modelo de desarrollo económico y político similar.

 

El énfasis en esta clasificación se pone en la trayectoria de institucionalización de la protección social, y la principal característica del modelo latinoamericano es la estratificación. Incluso los viejos sistemas más inclusivos mantienen condiciones y beneficios diferentes en función del poder de negociación de cada grupo cubierto. Recientemente el organismo de la ONU para América Latina, el CEPAL, ha trabajado con una clasificación comparativa que se basa en el gasto público social de los países. El ranking va desde 200 dólares americanos hasta 400, y por encima de los 400. Carlos y Fernando Filgueira (2002) han criticado esta clasificación porque la cantidad de gasto público social no dice nada del impacto que este tiene en la vida de las personas, que solo se puede captar a partir de índices sociales. Combinando estas dos dimensiones —la cantidad de gasto público social y los índices sociales— en el caso de varios países, se puede dividir a estos países en tres grupos: 1) los países que gastan más en políticas sociales y que obtienen mejores resultados sociales; 2) los países que aunque gastan una gran cantidad de dinero en políticas sociales tienen una cobertura pobre, concentrando los recursos en el mismo grupo de privilegiados, mientras que el resto de la población se encuentra excluida de los beneficios sociales; 3) aquellos que tienen un gasto pobre y concentrado y solo cubren exclusivamente a algunas élites administrativas y militares. Reafirman las conclusiones de Mesa-Lago sobre el modelo de estratificación de los beneficios sociales en América Latina, incluso en los sistemas más universalistas de la zona. Lo que añaden es la combinación de esa característica de estratificación con el grado de exclusión social de cada grupo. Hasta los años setenta se encontraban con tres grupos diferentes: un grupo denominado de universalismo estratificado, un grupo de regímenes duales, y un grupo de regímenes excluyentes.

 

Más recientemente, otros autores han realizado nuevos análisis de modelos de protección social en América Latina teniendo en cuenta el impacto del proceso de globalización y de las reformas orientadas al mercado en sus anteriores sistemas de protección social. El trabajo de Rubén Katzman, revisado por Fernando Filgueira y Juan Pablo Luna, intenta responder a cuestiones sobre si el legado histórico de los países — en términos de estructuras sociales y regímenes de bienestar social— establece recorridos diferentes y capacidades diferentes para adaptarse a este nuevo contexto. La conclusión general, afirman Filgueira y Luna, «es que las matrices del Estado de bienestar y su nivel de desarrollo son incapaces de contrarrestar este mercado laboral en deterioro a través de la protección básica, la inversión, el capital humano y la redistribución», aunque el análisis de la dependencia de la trayectoria parece estar presente en otros puntos.

 

En la mayor parte de América Latina los sindicatos están perdiendo su anterior control sobre los sistemas de seguridad social, ya que el gobierno está introduciendo mecanismos de mercado con la intención de incrementar la competitividad entre los proveedores

Al analizar la proliferación de reformas del sistema de salud en la región después de los años setenta, me he encontrado con una frágil institucionalización de los derechos sociales en un contexto de cambios económicos y la existencia de demandas urbanas masivas como responsables de la transformación de la región en un laboratorio social donde se han diseñado y puesto en práctica muchas reformas diferentes.

 

Estos esfuerzos de reforma, en el sistema sanitario y el de la seguridad social, han formado parte del contexto cambiante a través de la democratización de los sistemas políticos de la región, la actualización de sus modelos económicos de producción y el rediseño del papel del Estado; todos los cuales han servido como un medio de respuesta a la crisis fiscal y para crear las condiciones necesarias para posicionar las economías regionales de manera más ventajosa en el proceso de producción, cada vez más integrado y competitivo a nivel global. Además, en la mayor parte de los países de la zona los sindicatos están perdiendo su anterior control sobre los sistemas de seguridad social, ya que el gobierno está introduciendo mecanismos de mercado con la intención de incrementar la competitividad entre los proveedores, generando una compleja red de relaciones entre financiadores y proveedores, agencias públicas y privadas. He encontrado un primer tipo de reforma orientada al mercado que se basa en la experiencia chilena.

 

El diseño de Chile ha producido un modelo dual de sistema de atención médica y pensiones con la segregación de los pobres en el sector público y la pertenencia obligatoria, de aquellos que se lo puedan permitir, a una compañía del mercado de seguros médicos. La reforma colombiana ha intentado evitar las desigualdades del modelo chileno –orientado al mercado– combinando recursos privados y públicos, dando forma a un modelo pluralista basado en la competencia de gestión regulada por las autoridades públicas. En este modelo, el núcleo central se basa en la competitividad del mercado de seguros médicos regulada, dado que el paquete de beneficios está garantizado bien por la propia contribución del individuo o por medio de la contribución a un fondo de solidaridad. En este último caso, el paquete de beneficios es inferior en comparación con el primer caso, y la inclusión depende de la cantidad de recursos anuales disponibles.

 

Esta compleja red de intereses públicos y privados con diferentes lógicas ha sido incapaz de superar las limitaciones de su diseño, basado en la contribución limitada del salario y en una lógica orientada al ahorro propio de las compañías de seguros médicos. El tercer modelo se basaba en la experiencia brasileña de creación de un sistema universal público de protección social integral que respondiese a las demandas de un sistema de políticas sociales más democrático, equitativo, descentralizado y participativo.

 

Una variable crucial para explicar las diferencias entre los tres modelos —dual, plural o universal— en términos de sus propuestas, contenidos, instrumentos y coaliciones de apoyo, parece haber sido el momento de la reforma con respecto a dos macroprocesos principales: 1) la crisis económica con sus inmediatos ajustes macroestructurales y 2) la transición a la democracia y la súbita irrupción de nuevos tejidos políticos y demandas sociales. Las sociedades de América Latina están asumiendo un nuevo perfil con un sistema de protección social más pluralista y global. En lugar de una negación categórica de pertenencia a algunos grupos, hay un movimiento para estratificar la población de acuerdo con el poder adquisitivo de cada grupo.

Las sociedades latinoamericanas están asumiendo un nuevo perfil con un sistema de protección social más pluralista y global. En lugar de una negación categórica de pertenencia a algunos grupos, hay un movimiento para estratificar la población de acuerdo con el poder adquisitivo de cada grupo

 

Sin embargo, la posibilidad de diseñar un sistema universal, tal y como se hizo en Brasil, va en sentido contrario a esta tendencia general. Esta singularidad solo se puede explicar basándonos por un lado en la estrecha relación establecida entre el movimiento social en favor de la democratización del país, y por otro lado, en la fuerte demanda de un nuevo diseño del marco de protección social institucional. Todo esto ha sucedido en un contexto de baja percepción de las restricciones económicas, que se ha convertido rápidamente en realidad, imponiendo medidas restrictivas de ajuste económico para hacer frente a tasas de inflación altas y a la creciente deuda fiscal pública. Vale la pena observar las dificultadas relacionadas con la puesta en práctica de este modelo de Estado de bienestar general en un contexto tan adverso.

 

Trayectoria de la protección social

 

Las políticas sociales brasileñas se han desarrollado durante un periodo de más de 80 años, creando un tipo de protección social que solo se cambió con la Constitución Federal de 1988. Hasta 1988, el sistema de protección social brasileño combinaba un modelo de seguro social en el área de bienestar, incluida la atención sanitaria de los trabajadores formales, con un modelo de asistencia para la población sin relaciones laborales formales. Ambos sistemas se organizaron y consolidaron entre 1930 y 1940 como parte de un proceso más general de construcción del Estado moderno, intervencionista y centralizador, después de la revolución de 1930. La construcción del Estado nacional es un proceso sin fin en el que las relaciones de poder en la institucionalización del aparato administrativo se rediseñan constantemente, ya sea en la implementación del proyecto económico, o en la reproducción de la población activa y la incorporación de las demandas políticas de grupos subordinados. La elección de un cierto formato político social, cristalizado en la combinación de diferentes modelos para diferentes segmentos de trabajadores, indica el lugar que cada uno ocupa en una cierta correlación de fuerzas, así como las tendencias preponderantes internacionalmente.

 

En el periodo de democracia populista (1946-1963) la expansión del sistema de seguridad social fue parte del juego político de intercambio de beneficios a discreción de los gobernantes, beneficiando de diferentes formas a los grupos de trabajadores que tenían el mayor poder de negociación. Este fenómeno se hizo conocido como los «privilegios de masas» y fue designado como una de las causas de la crisis financiera y administrativa del sistema de la seguridad social. El cambio en los sistemas de protección social, las políticas y los mecanismos después del régimen burocrático-autoritario que se instaló en 1964, sigue cuatro líneas maestras: 1) la centralización y concentración de poder en manos de la tecnocracia, con trabajadores eliminados del juego político y de la administración de políticas sociales 2) el incremento de la cobertura, con la precaria incorporación de algunos grupos excluidos previamente, como los trabajadores del hogar, del campo y autónomos 3) la creación de contribuciones sociales como un mecanismo para fundar programas sociales 4) la privatización de servicios sociales (la universidad, la educación secundaria y la asistencia hospitalaria se convirtieron en negocios).

 

A mediados de los años setenta la lucha por la democratización de las políticas adopta nuevas características y estrategias. Mientras que antes se habían confinado a las universidades, a los partidos clandestinos y a los movimientos sociales, ahora empezaba a ubicarse en el centro mismo del Estado. En primer lugar, se basaba en las innovadoras experiencias desarrolladas por los gobiernos de la oposición de las ciudades elegidos en 1974; en segundo lugar, en el interior de los órganos centrales responsables de políticas sociales, buscando el obtener una ventaja de la crisis financiera para introducir elementos transformadores en los modelos de políticas sociales y en tercer lugar, hay un refuerzo de las capacidades técnicas de los partidos políticos y parlamentarios que empezaron haciendo que los asuntos sociales fuesen parte de sus plataformas para la construcción de una sociedad democrática. El rescate de la deuda social se convirtió en el tema central de la agenda democrática, que atraía hacia sí movimientos de diversa naturaleza.

 

Este proceso se intensificó en 1980 con el aumento de un rico tejido social emergente basado en la unión del nuevo sindicalismo y los movimientos urbanos sociales, la construcción de un nuevo partido al frente de la oposición y la organización de movimientos reformistas capaces de formar proyectos de reorganización institucional en diferentes sectores, tales como el Movimiento Sanitario. Toda esta efervescencia democrática se canalizó hacia los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, que empezaron en 1987. La construcción de una orden institucional democrática supuso una reorganización de las políticas sociales en respuesta a las demandas de la sociedad de una mayor inclusión social y una mayor igualdad. Proyectada para el sistema de políticas sociales como un todo, esta demanda de inclusión y reducción de desigualdades adquirió las connotaciones concretas de afirmación de derechos sociales como una parte de la ciudadanía. La Constitución Federal de 1988 representa una profunda transformación en el modelo brasileño de protección social, consolidando, en una ley superior, las presiones que se han sentido durante más de una década. Se ha inaugurado un nuevo período en el que el modelo de seguridad social comienza a estructurar la organización y el formato de la protección social en Brasil en busca de la ciudadanía universal.

 

La Constitución de 1988 ha avanzado con respecto a sus formulaciones legales anteriores garantizando un conjunto de derechos sociales, expresados en el Capítulo del Orden Social, innovando al declarar el modelo de Seguridad Social como «conjunto integrado de acciones de iniciativa de los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia social» (Título VIII, Capítulo II, Sección I, Art. 194). La inclusión del seguro social, la asistencia sanitaria y la asistencia social como componentes de la Seguridad Social introduce la noción de derechos sociales universales como parte de la condición de ciudadanía, donde antes se habían limitado a la población de trabajadores incluidos en el seguro social. Este nuevo acuerdo innova al separar, por primera vez, el orden social del económico, lo que otorga al primero el mismo estatus y prioridades que normalmente se daban a los principios económicos.

 

La primacía que se otorgaba a los derechos sociales se volvió evidente con esta autonomía y con la prescripción de contribuciones exclusivas para la financiación de políticas sociales adheridas al presupuesto de seguridad social único, creado por separado del presupuesto público. Los recursos serían gestionados por el Instituto Nacional de Seguridad Social, integrado por tres ministerios y representantes de los usuarios. El nuevo modelo de política social constitucional se caracteriza por la cobertura universal, el reconocimiento de los derechos sociales, la afirmación del deber del Estado, la subordinación de prácticas privadas a una regulación basada en la relevancia pública de acciones y servicios en estas áreas, con una perspectiva publicista de la cogestión del gobierno/ sociedad y una gestión organizativa descentralizada. La originalidad de la Seguridad Social brasileña reside en su fuerte componente de reforma del Estado, en rediseñar las relaciones entre las entidades federales y establecer formas concretas de participación y control social, con mecanismos de articulación y acuerdo entre los tres niveles de gobierno.

 

El federalismo reformado responde a la responsabilidad principal de proporcionar políticas sociales a las autoridades locales. La organización del sistema de protección social debería adoptar el formato de una red integrada descentralizada, con un único orden político y un fondo de financiación en cada esfera de gobierno, regionalizado y organizado en una jerarquía, con instancias de deliberación que garanticen la participación igualitaria en cada esfera de gobierno de una sociedad organizada.

 

De la retórica a la realidad

 

En los años noventa Brasil experimentó un duro periodo de crisis económica con hiperinflación y una elevada deuda acumulada, por lo que tuvo que lanzar diferentes políticas e instrumentos para hacer frente a esta tensa situación, pero esto es algo que solo empezó a suceder a mediados de la década. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que hacer frente a la presión social para poner en práctica importantes transformaciones exigidas por el nuevo marco constitucional. En otras palabras, se produjeron dos movimientos concurrentes en direcciones opuestas: uno expresado por las medidas de ajuste macroeconómicas, y el otro por las demandas para asegurar derechos sociales e institucionalizar el nuevo diseño del Estado de bienestar. Al igual que muchas de las prescripciones constitucionales necesitaban de un nuevo marco legal infraconstitucional, el gobierno pospuso lo más posible su aprobación, hasta un punto en el que ya no pudo ignorar más las presiones sociales.

 

Teniendo en cuenta que las conquistas de los derechos sociales variaron mucho en cada sector –seguro social, asistencia sanitaria y bienestar social–, en función del poder y la capacidad de la coalición política, cada uno de los participantes en la seguridad social realizó un recorrido institucional diferente. No obstante, tenían que hacer frente al mismo contexto y restricciones, y por tanto permitir un análisis de las tendencias generales y específicas en cada caso. Teniendo en cuenta el material publicado revisado relativo al desarrollo del Estado de bienestar en Europa, podemos afirmar que la creación del Estado de bienestar brasileño a finales del siglo XX no cumple las condiciones críticas señaladas como necesarias para que lo sea. Este reto resalta la importancia de estudiar esta experiencia, destacando sus limitaciones, pero también sus innovaciones. Este análisis se centra en dos temas relacionados con el logro del Estado de bienestar: las limitaciones económicas y el proceso de gobierno institucional.

 

Situación económica adversa y fracaso fiscal

 

En cuanto a las primeras, una de las suposiciones básicas subyacentes al Estado de bienestar en los países europeos es la influencia sinergética del crecimiento económico y la inclusión social a través de políticas redistributivas. El modelo keynesiano implica una fuerte presencia de políticas públicas para lograr un equilibrio entre oferta y demanda en un ciclo económico próspero. Incluso las políticas residuales de los países liberales cuentan con la expansión del mercado y el crecimiento económico para que se hagan cargo de la mayor parte de las demandas sociales. Sin embargo, el momento de construcción del Estado de bienestar en Brasil tiene que hacer frente a una situación económica extremadamente adversa.

 

Durante los años noventa la situación económica en el país se desplazó desde un turbulento escenario de crisis, caracterizado por una inflación y una deuda elevadas, hasta un escenario semiestancado, con la inflación bajo control, pero una deuda fiscal aún creciente debido al mantenimiento de unos tipos de interés mastodónticos. Por eso el índice del PIB osciló durante los primeros años de negativo a cero, con una recuperación del tipo anual del 4% desde mediados de la década. Sin un crecimiento sostenido de la economía y sin la posibilidad de contar con inversiones públicas, los índices de desempleo en las zonas metropolitanas pasaron del 7% al 13,9% desde 1995 hasta 2003, y la informalidad afectó a más del 45% de la mano de obra.

 

El salario mínimo tuvo un comportamiento similar, renqueando durante los primeros años, aunque se presentó con un valor adquisitivo estable a lo largo de la segunda mitad de la década. Las consecuencias de este pobre comportamiento se dejaron sentir de inmediato en las coberturas del seguro social, que bajaron desde un 66,6% de la mano de obra en 1992 hasta un 61,7% en 2002, considerando como momento de cambio el momento en que la curva inició un movimiento ascendente hasta lograr un 65,9% de cobertura en 2008. Solo durante los últimos cinco años (2005-2010) el mercado laboral ha crecido lo suficiente como para lograr el índice de desempleo más bajo en muchas décadas, aproximadamente un 6% anual. Del material publicado sobre bienestar social se pueden extraer otros requisitos para la creación de un Estado de bienestar redistributivo, como la existencia de una fiscalidad justa y progresiva. Hasta ahora, en el caso de Brasil, todos los gobiernos han fracasado en su intento de fomentar una mayor reforma del sistema fiscal.

 

El resultado es que mientras que el sector de la población más pobre, incluidas las familias que ganan dos sueldos mínimos y pagan un 48,8% de sus ingresos en impuestos, las familias que reciben más de 30 salarios mínimos solo pagan un 26,3% de impuestos. En 2008 la carga fiscal total creció hasta un 36,2% del PIB y sigue aumentando, sobre todo debido al aumento de las contribuciones por encima del consumo, lo que representa el 59% del total recaudado en 2007, en lugar de una imposición fiscal directa sobre los ingresos y la riqueza. Las posibilidades del gobierno de invertir en infraestructuras y servicios sociales se han visto restringidas por la producción obligatoria de superávit primario para equilibrar una divisa puesta en peligro debido a la ingente deuda pública, ya que la carga de la deuda había crecido junto con el intento de ahorro público. A pesar de la recuperación del crecimiento económico y de la reducción de la deuda pública como parte del PIB durante los últimos cinco años, la amenaza de un aumento de la infl ación sigue manteniendo el tipo de interés como uno de los más altos del mundo, en un perverso ciclo que alimenta la rueda satánica de la deuda pública. Vale la pena observar atentamente los vínculos entre estas características económicas y el Estado de bienestar para comprender los límites y modificaciones impuestos en el proceso de gobierno del Estado de bienestar. Estas limitaciones económicas afectan a la puesta en práctica del Estado de bienestar y en mayor medida a los términos de su creación, además de a las estructuras y recursos de financiación; lo que genera el deterioro de algunos servicios a la vez que dificulta la consecución de un acceso universal. Y lo que es más, se produce para crear inestabilidad permanente en cuestiones de protección social. Pero aunque la Constitución federal prescribe la creación de contribuciones asignadas a la fundación del presupuesto de la Seguridad Social (SS), que integren las tres políticas incluidas en este concepto, su curso ha sido bastante diferente. Inicialmente, todas las contribuciones deberían juntar el mismo presupuesto unificado de la seguridad social. Pero dada la escasez de recursos para implementar las tres ramas de políticas, se ha producido una especialización ilegal, con cada contribución diseñada para apoyar los gastos de una política social específica. Teniendo en cuenta que las tres áreas de política social varían en gran medida en respuesta y poder de negociación, la solución ha sido reservar la mayor parte de los recursos del presupuesto de la SS para el seguro social, responsable contractualmente del pago de las pensiones. Esta situación se legalizó más adelante por medio de una enmienda (EC num. 20) que consideraba los recursos pagados como una proporción de los salarios destinada exclusivamente a gastos de financiación del seguro social.

 

Los otros dos grupos de políticas se vieron escasos de financiación prácticamente desde el principio. La consecuencia fue un nuevo movimiento para crear nuevos recursos con los que financiarlos, lo que se consiguió por medio de la creación de un nuevo fondo para combatir la pobreza (Fundo de Combate à Pobreza) y un impuesto en las transacciones financieras para hacer frente a las necesidades del sector sanitario (CPMF). Este impuesto duró hasta 2009 pero al no estar asignado, los recursos se distribuyeron entre otras muchas políticas, y el sector sanitario siguió sin disponer de suficientes fondos. La pelea por los fondos dentro de la seguridad social tuvo otras consecuencias, como la incapacidad para mantener los requisitos de exclusividad de las cotizaciones sociales para la financiación de la SS. Debilitados e incapaces de aunar fuerzas para defender el presupuesto de la SS, los tres ministerios implicados perdieron el control sobre estos recursos financieros. Denominado irónicamente Fondo Social de Emergencia, desde 1994 con el lanzamiento del plan de ajustes (Plano Real), el gobierno desasignó hasta un 20% de los fondos destinados al presupuesto de la SS (actualmente se denomina DRU- Desvinculação das Receitas da União).

 

Con este mecanismo y también con el constante aumento de las cotizaciones, el gobierno nacional no solo aumentó la carga fiscal, sino que también se escapó de su responsabilidad constitucional al compartir los recursos con los gobiernos subnacionales, responsables de la previsión de políticas sociales. Formalmente el presupuesto de la SS está separado del presupuesto fiscal, pero de hecho, las manipulaciones financieras difuminaron estos límites. Teniendo en cuenta que los límites se difuminan, existe una demanda de mayor transparencia en la gestión del presupuesto de la SS, pues se ha culpado al gobierno nacional de usar estos recursos de forma inadecuada y de rechazar el cumplimiento de sus deberes en cuanto a la financiación de la seguridad social con beneficios no contributivos. La falta de transparencia en el presupuesto de la SS aumenta debido a los incontables subsidios y políticas de deducción fiscal que se aplican como parte de los incentivos industriales y comerciales.

 

Su impacto en el saldo de la seguridad social se debería considerar como una contribución del gobierno en lugar de un déficit del sistema, un argumento defendido por los críticos de las finanzas públicas, representados principalmente por ANFIP (Associação Nacional dos Fiscais da Previdência Social). Este tema ha generado un continuo debate sobre si el presupuesto de la seguridad social ha tenido déficit o superávit en los últimos años. La frecuente amenaza de recortes en los fondos destinados al sistema de pensiones se ha utilizado para clasificar como no autorizados los beneficios no-contributivos para grupos especiales, como las pensiones de los trabajadores del campo. Además, este tema ha generado una atmósfera permanente de desigualdad y crisis financiera, con una fuerte presión sobre los beneficios regresivos y la cobertura, y el mantenimiento de profundas inseguridades sociales. El punto álgido de este debate se produjo en 2009, cuando el gobierno envió al congreso un proyecto de reforma exhaustivo que habría eliminado las cotizaciones sociales asignadas y las fusionaba con un gran IVA.

 

Esta propuesta se encontró con una fuerte oposición por parte de los defensores de la seguridad social, pero sigue amenazando la base de financiación de la SS. El análisis del impacto de las restricciones económicas en las políticas de la seguridad social llega a apasionadas conclusiones muy diferentes. Por un lado, podemos encontrar a los defensores de la continuidad de las políticas sociales durante los noventa y la década siguiente, a pesar de las fuertes restricciones impuestas en la primera década por la agenda de ajuste fiscal. Obtuvieron la siguiente conclusión: la agenda de ajuste macroeconómico no contrarrestaba a la agenda de protección social y tenían que aceptar un complejo institucionalismo del sistema de protección social. Y lo que es más, ambas agendas convergían para proporcionar ganancias reales a los más pobres como resultado del control de la inflación y las transferencias de dinero. Por otro lado, podemos encontrar a los autores que discuten si existe una profunda incompatibilidad entre el ajuste macroeconómico y el gobierno del sistema de protección social.

 

Esta oposición divide el periodo en dos fases, la primera desde la transición hasta la democracia, de finales de los setenta hasta los noventa, y la segunda durante los noventa hasta mediados de la década siguiente. La primera fase se caracterizaba por establecer la base institucional, legal y financiera del sistema de la SS. El segundo por un movimiento constante de contrarreforma del paradigma constitucional de la protección social hacia uno neoliberal, con las siguientes oposiciones: la seguridad social frente al seguro social; universalismo frente a fijación de objetivos; oferta patrocinada por el gobierno frente a privatización; derechos laborales frente a relaciones laborales flexibles. Supongo que ha habido una resistencia en la orientación del gobierno durante los noventa, que de hecho amenazó con dar un paso atrás en la conquista de los derechos sociales. Sin embargo, la resistencia ha sido insuficiente para evitar la introducción de un institucionalismo oculto en el sistema de la SS. Como resultado hemos sido testigos de la introducción de elementos de políticas de focalización y de intereses de mercado en el proyecto universal y de la adaptación del anterior diseño a las contingencias financieras.

 

Una propuesta de los movimientos sociales

 

En relación con el gobierno institucional, por otra parte sucede que la fuerza de los partidarios del sistema de protección social universal, cristalizado en el paradigma de la Seguridad Social, se basaba en el hecho de que, a diferencia del resto de países de la zona, esta propuesta de reforma fue diseñada por los movimientos sociales, agrupados alrededor de políticas sociales específicas, pero articulados en la movilización general para la transición hacia la democracia.

Aunque la coalición formada para respaldar la Reforma Sanitaria en Brasil ha cambiado a lo largo de su institucionalización —desde la hegemonía académica y profesional hasta los gestores locales y los sindicalistas— el componente de estímulo permanente del sujeto político ha sido crucial para mantener el proyecto basado en los mismos principios originales

 

Basándome en la Reforma Sanitaria, he señalado tres componentes de este proceso como parte de la construcción del Estado democrático. La construcción y materialización de los proyectos de reforma se ha llevado a cabo por medio de tres procesos que, aunque de forma simultánea, han tenido distintos ritmos, diferencias que han generado nuevas tensiones y algunas complementariedades. Se trata de los procesos de subjetivación, constitucionalización e institucionalización. La subjetivación se refiere a la construcción de sujetos políticos, la constitucionalización tiene que ver con garantizar los derechos sociales, y la institucionalización tiene que ver con la construcción del aparato institucional —incluido el conocimiento y las prácticas— que implementa la política sanitaria.

 

Aunque la coalición formada para respaldar la Reforma Sanitaria ha cambiado a lo largo de su institucionalización —desde la hegemonía académica y profesional hasta los gestores locales y los sindicalistas— el componente de estímulo permanente del sujeto político ha sido crucial para mantener el proyecto basado en los mismos principios originales. En lo referente a las otras políticas sociales, también podemos observar esfuerzos para aunar fuerzas y construir actores políticos, ya sea antes o como consecuencia de la institucionalización política. La unión de los trabajadores jubilados fue decisiva para la defensa de los beneficios globales y también para evitar los planes de privatización del seguro social que habían crecido en la región por mediación de las agencias internacionales multilaterales. Recientemente, la presencia de fiscales del seguro social congregados en torno a una asociación importante, ANFIP, se ha convertido en el factor clave para la difusión de información alternativa sobre la situación financiera del sistema de la SS. En el caso de la asistencia social, la formación de una masa de profesionales críticos y su creciente poder en la gestión central es el producto más reciente de esta institucionalización de la política.

 

La fragmentación de este proceso en tres trayectorias diferentes confirma la falta, al principio, de un movimiento unificado en defensa de la construcción general de la Seguridad Social. Este importante concepto se desarrolló durante los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no arraigó en ningún movimiento social. Obtuvo un apoyo técnico, pero esto no fue suficiente para agrupar actores sociales a su alrededor. Por el contrario, el grupo más movilizado, el sector sanitario, desconfió de esta propuesta y la consideró un intento de crear un megaministerio que englobara los tres sectores. La articulación en favor de la SS también es un producto de su propio proceso institucional y ha ganado alguna proyección después de dos décadas de su constitucionalización. El precepto obligatorio expresa en la Constitución que la Seguridad Social es un conjunto integrado de iniciativas concernientes a garantizar los derechos sociales relacionados con la salud, la previsión social y la asistencia social. La cristalización de estas directrices se había concertado previamente con la creación del presupuesto de la SS y el Consejo de la SS. Estos dos mecanismos de planificación y de políticas de integración no trabajaron correctamente. El presupuesto se convirtió en un instrumento de contabilidad en lugar de un plan común integrado de reparto de recursos.

 

El Consejo Nacional de la SS se suspendió en 1999 después de algunos años de coordinación ineficiente y de integrar los tres sectores. Cada uno de ellos tenía una trayectoria institucional diferente, un recorrido claramente dependiente de su historia previa y del legado formal. Aldaíza Sposati destaca la diversidad entre los tres sectores de acuerdo con diferentes variables como el criterio de inclusión, la naturaleza de los derechos —laborales, sociales y humanos—; la relación con el mercado y la filantropía, la gestión de experiencias y su grado de institucionalización en todos los niveles de gobierno. Uno también puede añadir la diferencia importante de la coalición social formada alrededor de cada escenario político con discreción para vetar o introducir nuevas políticas.

 

La fragmentación institucional dentro de la SS ha tenido muchas consecuencias. El abandono del principio de integración compromete los otros principios constitucionales de integridad y universalismo. Resultados recientes de una encuesta entre los beneficiarios de las pensiones del régimen no-contributivo han demostrado que usan el aumento en los recursos familiares para comprar más comida y también medicinas. Se trata de un claro ejemplo de la desintegración de las políticas sociales, con el gobierno con los pobres como objetivo y transfiriendo continuamente subsidios sociales a personas que los usan para adquirir bienes y servicios que son parte de sus derechos sociales. La existencia de conflictos distributivos entre sectores de la SS y la incapacidad de establecer mecanismos para coordinar un proceso de creación de consenso ha tenido un fuerte impacto en el gobierno del Sistema Único de Salud. En 1993 los servicios de asistencia sanitaria del seguro social se transfirieron al Ministerio de Sanidad con la intención de crear el Sistema Único de Salud, pero los recursos para fundarlo no venían incluidos.

 

Aunque se decidió que un 30% del presupuesto de la SS se destinase al Ministerio de Sanidad, durante los cinco primeros años siguientes a la Constitución Federal de 1988 esta prescripción legal se ignoró. La consecuencia fue la bancarrota del Ministerio de Sanidad, que tuvo que pedir préstamos para gastos normales.

Desde que los municipios son responsables de proporcionar la asistencia sanitaria, la presión se ejerce ahora sobre ellos, bien por medio de mecanismos participativos, denuncias de los medios de comunicación o a través de decisiones judiciales para garantizar el derecho al consumo de algunos servicios sanitarios y mercancías más caros

 

Como consecuencia, la demanda de nuevos recursos para financiar el sistema sanitario obtuvo mayor visibilidad y el congreso aprobó un impuesto sobre las transacciones financieras (CPMF) con este objetivo. Al no tratarse de un impuesto asignado, los recursos fueron asignados por el gobierno nacional a otros gastos y solo un tercio se destinó al Ministerio de Sanidad hasta que este impuesto se extinguió en 2009.

 

Desde el año 2000 una nueva ley (EC. 29) define las responsabilidades de cada nivel de gobierno para financiar el sistema sanitario, pero los deberes nacionales siguen siendo vagos. El resultado es que la participación relativa del gobierno nacional en la creación del sector sanitario está disminuyendo, mientras que a nivel estatal se ignora la contribución obligatoria y la carga cae directamente sobre las autoridades locales. En 1980 la participación a nivel estatal en el gasto social público fue del 65% para la nación, 23,6% para los Estados y 10,6% para los municipios, mientras que en 2005 el nivel estatal redujo su participación a un 61,9%, los Estados a un 21,8% y los municipios aumentaron su participación hasta un 16,3% (IPEA, 2009).

 

Desde que los municipios son responsables de proporcionar la asistencia sanitaria la carga ha recaído sobre sus espaldas. La presión se ejerce ahora sobre los gobiernos locales, bien por medio de mecanismos participativos, denuncias de los medios de comunicación más recientemente o a través de decisiones judiciales para garantizar el derecho al consumo de algunos servicios sanitarios y mercancías más caros. Uno puede analizar el hecho de que el movimiento sanitario ha sido lo suficientemente fuerte como para mantener el diseño original del Sistema Único de Salud como un sistema integral universal público, pero no se ha podido evitar el crecimiento de un mercado poderoso dentro del campo de la asistencia sanitaria. A diferencia del sector complementario, que incluye servicios privados conectados con el Sistema Único de Salud como proveedor de bienes públicos, el negocio de la asistencia sanitaria y de los servicios de salud se consideró como capaz de sustituir al SUS. Con la crisis financiera del sector de la salud pública se ha producido un deterioro de las instalaciones públicas, seguido de conflictos por los salarios y las inversiones.

 

Se ha logrado la inclusión de toda la población como beneficiarios del sector de la salud pública a pesar de una situación financiera extremadamente difícil. Esta contradicción ha ocasionado que la clase media escape del sistema público y contrate bien seguros voluntarios privados o seguros de salud colectivos. Aunque la cobertura de los seguros de empresas no representa más del 30% de la población, todos los grupos de presión, como los sindicatos, presionan en favor de esta solución de mercado, y recientemente se han lanzado más planes populares para atender a la demanda de la clase media baja. El propio gobierno nacional ofrece la afiliación a seguros privados a los funcionarios y considera los gastos de los consumidores con pensiones y seguros privados como deducibles de los impuestos. Todas estas políticas refuerzan el mercado de la asistencia sanitaria y contribuyen a debilitar el sector público. Durante las últimas dos décadas, la posición del negocio del sector de la salud ha cambiado de una oposición total a una relación más cercana con el SUS y más rentable. Como un grupo de presión potente, el sector privado de la salud resiste estrictas regulaciones e intenta controlar la gestión del comité de dirección de la agencia reguladora.

 

También se benefician de las posibilidades de mandar personas aseguradas de forma privada para que obtengan tratamiento público en él SUS, y utilizan instrumentos legales para eludir la obligación de reembolsar los gastos. Muchos otros flujos de pacientes, recursos financieros, profesionales, y tecnologías se han desarrollado en las últimas dos décadas vinculando de diferentes formas los servicios públicos y privados. Poderosos grupos de intereses se encuentran implicados ahora en un complejo escenario político que engloba los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Las diferentes demandas de mejora del SUS para obtener más recursos financieros para él SUS, para aumentar sus índices de procedimiento, para ampliar la exención de impuestos, y para lograr más créditos y amnistía para establecimientos y proveedores privados, se han canalizado hacia estas áreas reformulando su diseño original. La propuesta de un sistema de salud público nacional no fue el proyecto de desmercantilización más radical en el diseño de las políticas sociales de Brasil. Sin embargo, la anterior dependencia del sector sanitario privado establecido desde el gobierno militar, estuvo de acuerdo con invalidar esta propuesto.

 

El sector público, a pesar de estar infradotado, es responsable de la atención preventiva y de la vigilancia de todo y proporciona servicios a más de un 70% de la población (llegando hasta un 90% en las regiones más pobres). Sin embargo, el problema del acceso y la baja calidad son responsables de una clara preferencia popular por los seguros privados y los sectores de servicios. La preferencia por el sector privado se explica en el deseo de evitar largos periodos de tratamiento que son característicos del Sistema Único de Salud, pero también por el hecho de que la adquisición de un seguro privado se asocia generalmente con prosperidad (por ejemplo, es un signo de la ascendente movilidad social). No hay duda de que el impacto más impresionante del diseño de las políticas sociales después de la Constitución de 1988 fue la reforma del aparato de Estado y de sus relaciones con la sociedad.

 

A la creación del SUS le siguió un sistema parecido para las políticas de asistencia social —SUAS—, que se basaba en los mismo principios para asegurar los derechos sociales por medio de una red nacional pública con diferentes niveles de gobierno articulados. Aunque el estímulo para la descentralización fue verticalista, proporcionó una guía en la dirección para reforzar el gobierno local incrementando las competencias administrativas locales. Y lo que es más, el diseño del proceso de descentralización incluía elementos originales, es decir, la existencia de mecanismos de participación en cada nivel administrativo. En este sentido se necesita un movimiento doble, desde el nivel administrativo central hasta los niveles locales, y desde el Estado hasta la sociedad.

 

La intersección de estas dos líneas deja lugar para un nuevo modelo de gobierno local, con la existencia de importantes mecanismos para llegar al consenso, al control social y a la formación de políticas (véase el diagrama en el anexo I). El principal mecanismo para la toma de decisiones y lograr el consenso entre los tres niveles de gobierno, con competencias simultáneas en políticas sociales, es una comisión tripartita o bipartita que engloba los gobiernos de los Estados o solamente los dos niveles subnacionales. Esta innovación se considera una ventaja muy importante en el diseño del federalismo del país, ya que no se ha producido un canal efectivo para tratar los conflictos inherentes a las competencias simultáneas en muchos temas. La existencia de este escenario político permite negociar políticas y pactar el establecimiento de normas y parámetros para la asignación de recursos. Los mecanismos participativos que incluyen tanto a las autoridades sanitarias como a la población son dos: los Consejos y las Conferencias. Los Consejos existen en cada nivel del sistema y son mecanismos de control social y aprobación del presupuesto, que evalúan las propuestas del ejecutivo y su ejecución. Las Conferencias, por otra parte, se celebran periódicamente para discutir una serie de asuntos para poder expresar diferentes intereses en una plataforma común y formar la política.

 

Muchos expertos discuten sobre si los Consejos efectivamente tienen la capacidad para controlar al gobierno, y la conclusión está menos clara de lo que sería deseable debido a la gran diversidad dentro del país y a la desigual distribución de los recursos entre los participantes. Los estudios demuestran que la participación en los Consejos es un recurso para introducir al concejal en una importante red de poderes y también un escenario político para desafiar el control de los grupos organizados, como los partidos políticos y los miembros de los sindicatos. A pesar de todas las limitaciones, no hay duda sobre el componente democrático de los mecanismos de participación y de la ampliación que están promoviendo en la esfera pública, restringido hasta ahora a la élite tradicional. La construcción de algunos mecanismos dialógicos impone un reconocimiento de los actores populares y de las demandas, y puede que permita una renovación de las élites políticas.

 

El desarrollo del Estado de bienestar ha estado siempre relacionado con los cambios desde un capitalismo liberal hasta una forma neocorporativista de la relaciones entre los actores colectivos bajo la regulación del Estado. La singularidad de las sociedades que se han desarrollado últimamente como la sociedad brasileña es la composición de la sociedad civil, donde unos pocos sindicatos han tenido que compartir su espacio participativo con los movimientos sociales y otras organizaciones civiles. Además de la composición heterogénea de la sociedad civil, otra peculiaridad está relacionada con la introducción de mecanismos de la democracia participativa. Mientras que en una concepción tradicional la participación se limita al proceso electoral y a políticas de redistribución, en el caso de Brasil se ha puesto un gran énfasis en la construcción de instancias de gestión compartida, donde el Estado y la sociedad colaboran en el proceso de adopción de políticas y en el control de la puesta en práctica de dichas políticas.

 

Lejos de una democracia deliberativa donde las decisiones son obligatorias, incluso aunque haya tenido lugar un proceso de empobrecimiento en el progreso como parte de este programa de gobierno. La institucionalización de las políticas de asistencia social, empezando por la Constitución de 1988, representa un momento decisivo en este campo, ya que ha sido la primera vez que este tipo de protección y servicios han sido considerados como parte de los derechos sociales. La construcción de una nueva institución compatible no ha sido un proceso sencillo. En un primer momento se produjo un claro rechazo por parte del gobierno a la hora de materializar esta prescripción constitucional y de crear el Sistema Único de Asistencia Social –SUAS–, sobre la misma base participativa y descentralizada del SUS.

 

Solo después de una fuerte presión de la sociedad civil y de las organizaciones profesionales, el gobierno aprobó en 1993 la ley orgánica de la Asistencia Social (LOAS), el primer paso en el proceso de institucionalización. Pero durante esta primera década e incluso después, la agenda pública sobre asistencia social ha cambiado del sistema constitucional universal con derechos garantizados a un modelo cuyo objetivo es luchar contra la pobreza. El modelo constitucional está representado por su programa más importante, a saber: el Beneficio de Prestación Continuada (BPC – Benefício de Prestação Continuada), que cubre a las personas mayores o discapacitadas pobres. El modelo considerado como objetivo está representado por el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família), que ofrece transferencias monetarias condicionadas a las familias más pobres. Para Lenaura Lobato la permanencia de estos híbridos se considera necesaria para no comprometer la equidad y el modelo propuesto en la Constitución de 1988. La dualidad asignada ha logrado su máxima expresión en la existencia de dos ministerios para la asistencia social durante un corto periodo de tiempo después de ser unificados.

 

La prioridad que se ha dado al modelo considerado como objetivo va más allá de esta doble organización, porque también implica el debate sobre el papel del Estado en la protección social. Durante los noventa la predominancia de la posición en favor del mínimo estatal asignó la implementación del programa de transferencias condicionales a los socios de las ONG. La prioridad que se dio a la lucha contra la pobreza por medio de los beneficios de las transferencias de efectivo quedó bien establecida a partir de entonces, aunque el papel del Estado al frente de este programa se ha visto reforzado en los últimos años. Esto ha permitido dar un paso adelante en el proceso de institucionalización, bien a niveles centrales o locales, y el SUAS ha dejado atrás su carácter inicial de ser una copia del SUS. Se desarrolló verdaderamente como un modelo peculiar, totalmente compatible con las necesidades de su propio campo.

 

A pesar de la convergencia en las políticas de asistencia social, aún perduran algunas diferencias como, por ejemplo, las relativas a los criterios de investigación de los medios de ambos programas: mientras que para el Beneficio de Prestación Continuada (BPC – Benefício de Prestação Continuada) los criterios de inclusión son la renta per cápita familiar por debajo de un cuarto del salario mínimo, para la Bolsa Familia está por debajo de la mitad del salario mínimo per cápita. Otra diferencia importante entre las dos líneas de programas de asistencia social es el hecho de que algunos beneficios se conceden automáticamente como parte de las condiciones de ciudadanía, mientras que otros están sometidos a requerimientos condicionales. Mientras que el primero está institucionalizado como derechos de los ciudadanos, el último se asocia con las prioridades del gobierno, ofreciendo un espacio para los vínculos populistas entre los líderes políticos y las masas.

 

A pesar de todo, Brasil presenta un alto nivel de cobertura para las personas mayores (81,7%), gracias al esfuerzo de incluirlos en los beneficios no contributivos. No obstante, la existencia de una parcela significativa de trabajadores no cubiertos por el seguro social (34,1% de acuerdo con Helmult Schwarzer) representa un importante reto para la propuesta de un Estado de bienestar universal. El impacto de la protección social en la pobreza es uno de los logros de las políticas sociales asociado al crecimiento económico y a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Estos fenómenos recientes han provocado un aumento de la clase media con la movilidad ascendente de millones de familias desde los estratos más bajos hasta la clase media (mientras que el estrato más bajo E ha experimentado una reducción del 45,50% desde 2003-2009 y el D se ha reducido en un 11,63%, los estratos medios C y B han crecido en un 34,32% y 38,51% respectivamente.

 

El último aspecto a considerar está relacionado con la financiación de las políticas sociales. Se puede observar un incremento en el gasto social federal de 179.800 millones de reales en 1995 hasta 312.000 millones de reales en 2005, un incremento del 74% en 11 años. Sin embargo, el rendimiento del gasto social varía de forma ambivalente entre las políticas sociales. En este periodo, aunque el gasto del seguro social creció desde un 44% hasta un 51% y la asistencia social experimentó un aumento del 1% al 6%, la participación en la sanidad bajó del 16% al 11% y la educación se redujo del 8% al 6%. Estos datos revelan que las políticas universales, la asistencia sanitaria y la educación no han sido la principal preocupación del gobierno durante los últimos años. Las prioridades han sido reducir la pobreza y el seguro social. La posibilidad de incluir a las clases emergentes en los sistemas universales será el gran reto de la institucionalización del Estado de bienestar en Brasil a partir de ahora. Si el país falla en lograrlo, podemos esperar menos pobreza pero una desigualdad social permanente.

 

A modo de conclusión

 

La construcción del Estado de bienestar en Brasil desde la Constitución Federal de 1988 representa una experiencia única por tres aspectos diferentes: el primero, porque representa un movimiento para universalizar los derechos sociales a través de un sistema de seguridad social global, que engloba políticas de seguro social, asistencia sanitaria y asistencia social, en un tiempo en el que la sostenibilidad del Estado de bienestar se ha cuestionado en todo el mundo; el segundo, porque el proceso de creación institucional del Estado de bienestar ha tenido que enfrentarse a diferentes políticas restrictivas y limitaciones económicas que son resultado de diferentes acuerdos relacionados con el modelo constitucional; el tercero, porque teniendo en cuenta que ha sido diseñada por movimientos sociales y actores políticos, este sistema ha operado una transformación en los procesos y estructuras administrativos, innovando con la creación de mecanismos de participación democrática.

 

Esta propuesta representa una ruptura con el anterior marco institucional de protección social que seguía el modelo de América Latina al combinar la inclusión estratificada de los trabajadores formales con un elevado grado de exclusión social para el resto. Además de esta herencia institucional y política, el contexto económico y político no contribuyó al éxito de esta experiencia, ya que los requisitos previos para un exitoso desarrollo del Estado de bienestar, tal y como señala el material publicado revisado, han estado ausentes. El análisis de este proceso de reforma se basa en la identificación de tres componentes inherentes y de sus dinámicas: el proceso de subjetivación, con la creación de los actores políticos y las coaliciones políticas; el proceso de constitucionalización, por medio del cual los derechos sociales han ganado su marco legal; el proceso de institucionalización de las políticas sociales por medio de la creación de las estructuras y mecanismos correspondientes. En esta ponencia se presta especial atención al último proceso y a sus asociaciones y contraposiciones con respecto a los otros dos.

 

Las tensiones y contradicciones que se ha producido en la institucionalización del Estado de bienestar han sido visibles en la inobservancia de muchas de las prescripciones constitucionales relativas al marco de la Seguridad Social y también en las transformaciones de las disposiciones para su financiación y la gestión del presupuesto. Además, la legalidad de un modelo de protección social corporativo ha sido capaz de mantener el seguro social como la política dominante, reservando la mayor parte de los fondos para políticas menos igualitarias. Los diferentes legados de los tres grupos de la de seguridad social en términos de conocimiento y capacidades, grado de institucionalización, partidarios políticos, prioridades gubernamentales y relaciones con el sector privado, han sido determinantes en la trayectoria seguida por cada uno. Las ventajas en la institucionalización del modelo constitucional se podrían observar en diferentes aspectos de las tres políticas, como la introducción de las pensiones no-contributivas para los trabajadores del campo, los programas de transferencias de dinero para luchar contra la pobreza y la expansión del sistema sanitario en los municipios.

 

Las transformaciones más expresivas se han dado en las estructuras de Estado, con la introducción de nuevos instrumentos de la organización federalista y otros mecanismos de control y participación social. Las restricciones depositadas en la institucionalización de las directrices constitucionales abren un espacio para la introducción progresiva de otros intereses y estructuras en el diseño original, reformando en términos prácticos la propuesta de Estado de bienestar. El resultado es un diseño híbrido con mecanismos ocultos que introducen progresivamente nuevos flujos y articulaciones entre sectores públicos y privados en el campo de las políticas sociales. En lugar de una ruptura con el diseño constitucional de la SS, podemos observar su transformación paulatina para lograr dar nacimiento a una combinación de sistema público con cobertura de los derechos sociales universales y una mezcla oculta de su propuesta con un floreciente mercado asociado de bienes y servicios, así como de beneficios de asistencia social sin derechos.

 

Los importantes resultados de las inversiones de la política social están apareciendo en el proceso de movilidad ascendente en curso actualmente. Este fenómeno también es consecuencia de la reciente fase de crecimiento económico. Paradójicamente, la emergencia de mejores condiciones contextuales para implementar el diseño original del Estado de bienestar se produce en un momento en el que el proceso de institucionalización ha tomado otra ruta, en algunos aspectos muy lejana de los principios constitucionales. La inclusión de la nueva clase media en el sistema de protección social universal para la asistencia sanitaria y la educación será el siguiente reto para la consolidación del Estado de bienestar . Pero esto representa un gran reto, ya que reclama del gobierno que dé prioridad a las políticas universales en términos de recursos financieros y gestión orientada a su ejecución. Aunque las restricciones económicas se han reducido en este nuevo escenario, la restricción política ha empeorado debido al agrupamiento de muchos grupos de interés en torno al escenario político social.